Defensores reclaman a Vialidad Nacional por la reparación de rutas y las obras de la autovía de la ruta 11
Las y los defensores del Pueblo de Chaco, Bernardo Voloj, de Formosa, que estuvo representada por su Adjunta Sylvina Portillo, de Santa Fe, Jorge Henny, y de CABA, María Rosa Muiños, se presentaron en las Oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad en Buenos Aires, a cargo de Raúl Bértola, y formalizaron una solicitud por escrito.
Reclaman que el Gobierno nacional, “defina los proyectos, licitaciones y acciones urgentes que recuperen la transitabilidad plena de la ruta nacional N° 11, traza que en toda su extensión presenta obras inconclusas, demandando reparaciones, bacheos en prolongados tramos y que son necesarios para evitar continuar poniendo en riesgo vidas humanas y por otra parte, dar respuestas a los miles de vehículos que diariamente transitan la misma y que transportan la producción del Noroeste Argentino”.
El ombudsman de Formosa, José Gialluca, señaló que se realiza junto con las Defensorías del Pueblo de Chaco y Santa Fe “un mapeo de relevamiento del estado actual de todo el recorrido de la ruta nacional Nº 11 y que atraviesa las Jurisdicciones de nuestras provincias, el cual será debidamente presentado al actual administrador general de Vialidad Nacional”. Se incluyó, además, el pedido de prosecución de la autovía de la ruta Nº 11, en el tramo de la rotonda de Tatané hasta General Mansilla, límite con Chaco, que posee hoy un avance superior al 70% y reviste una importancia fundamental, ya que, la misma conecta a Formosa con la República del Paraguay y se constituye en los accesos principales a la ciudad, sumado a la reparación, mantenimiento e iluminación de las rutas nacionales Nº 81, 86 y 95.
PLANES DE AHORROS
Posteriormente, los funcionarios se reunieron con Daniel Vítolo, actual titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, a quien le demandaron el dictado de nuevos instrumentos conforme a su competencia, que permitan dar respuesta a los cientos de adherentes y adjudicatarios de Planes de Ahorros para Fines Determinados que vienen recibiendo desmedidos aumentos en sus cuotas mensuales que superan ampliamente más del 300%, lo que las convierten en impagables y colocan a los consumidores, no solamente en mora en los pagos, sino también, ante la posibilidad cierta de ser pasibles de Ejecuciones Prendarias por parte de las Sociedades Administradoras, quienes aplican incrementos excesivos e ilegales.
El titular de la IGJ se comprometió a evaluar las peticiones y a impulsar las acciones necesarias dentro de las facultades que le otorga la Ley Nº 22.315, para proteger los intereses económicos de los consumidores, asegurando este sistema de ahorro como un medio para acceder a un vehículo 0 kilómetro, estableciendo diferentes alternativas, entre ellas, un régimen de diferimiento de pagos que permita el cumplimiento de las obligaciones en condiciones equitativas, contemplando la adaptación progresiva de las cuotas partes de los contratos al valor del bien-tipo en condiciones de suficiente gradualidad y analizar la suspensión de las ejecuciones prendarias hasta diciembre del 2024.
